El empleo más difícil

Mariana Díaz Figueroa es parte de la élite de 5.25% de personas con discapacidad (PcD) en México que tuvo acceso a la universidad. Cuando era estudiante de la carrera de Derecho, antes de estudiar dos maestrías, solicitó trabajo en una bolsa universitaria para un empleo que negaba oportunidades a PcD, sin conocerlas siquiera, en violación a la Constitución mexicana. 

Lo litigó vía un amparo que llegó, seis años después, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2014, institución que sentenció a la empresa a pagar una indemnización por daño moral. A cuatro años de esa decisión, no ha recibido ni un peso, el proceso sigue. “Han sido 10 años muy complicados”, acepta Mariana. 

El caso de Díaz Figueroa, quien tiene parálisis cerebral infantil, y ahora trabaja en la misma Corte en el equipo del ministro Fernando Franco, sentó un precedente importante: la no discriminación en el empleo no es solo obligación del Estado, sino de los particulares.  

En México no se sabe con certeza cuántas personas con discapacidad hay, pero según cifras oficiales de 2014, son al menos 7.1 millones, 6% de la población. Solo 39.1% en edad de trabajar tiene empleo. Incluso las que acceden a un empleo, pueden tener una brecha salarial entre personas sin discapacidad en el mismo trabajo, de hasta 151%, eso sin contar que pueden gastar hasta 50% de su salario en transporte o apoyos personales. 

Solo 51% de PcD tiene seguridad social, en comparación con 68% sin discapacidad. Los hombres tienen el doble de posibilidades para encontrar empleo que las mujeres.

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), explica que todo inicia cuando una PcD nace en México: “Es una afectación a todo el ciclo de la vida, un problema estructural de falta de oportunidades” y continúa “Las guarderías del IMSS hasta hace poco no admitían a niños ni con reflujo, no hay servicios para recién nacidos con discapacidad ni política real de educación inclusiva ni en escuelas públicas ni privadas. La falta de educación refuerza el estereotipo a nivel laboral de que las PcD no tienen calificaciones para trabajar”.

Las cifras lo gritan: el promedio de escolaridad es de 4.7 años contra 8.9 de sus pares sin discapacidad. De ellos, 28.15% no tiene estudios y 24.8% de mayores de 15 años no sabe leer y escribir. Del total que estudiaron, 45.81% tiene un año de primaria, 13.42 % un año de secundaria, 7.37% un año de media superior y el embudo se cierra a 5.25% con los que alcanzaron un año de educación superior. 

Todavía se tiene la percepción de que la inclusión de PcD es un acto caritativo y que ellos deben estar a cargo de sus familias (quienes, por cuidarlos, también reducen su ingreso) y, en todo caso, del Estado. 

“Hablamos mucho de inversión extranjera en México y del valor de nuestro bono demográfico. Pero si empiezas a excluir a PcD, mujeres, jóvenes, personas de diversidad sexual y adultos mayores, ¿en dónde quedó el bono demográfico?”, dice Haas.  Pese a este panorama, en los últimos años se han dado esfuerzos por lograr que más PcD trabajen aunque los empleos siguen siendo, en su mayoría, de pocos ingresos.  

Según datos del INEGI en 2013, 57.6% de las PcD reciben entre 0 y 2 salarios mínimos mientras que 37.9% de la población sin discapacidad gana eso. Solo 2% de la población con discapacidad ganan más de 10 salarios mínimos en México, en comparación con 4.3% de la población sin discapacidad.